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Prado lamentó las dificultades de los musulmanes para ser enterrados según su rito en cementerios municipales; recibir alimentos certificados «halal» en centros públicos como colegios y hospitales, y recibir clases de religión islámica en escuelas públicas y concertadas.
Otro caballo de batalla es el establecimiento de oratorios en Cataluña, que «ha acogido 35 de los 50 movimientos anti mezquitas del Estado en la última década». A su juicio, la proliferación de federaciones y la precariedad organizativa de los musulmanes está vinculada a las dificultades sociales del colectivo –de integración y laborales–, a su heterogeneidad y a la falta de formación de muchos de sus líderes. «El objetivo es defender los derechos religiosos de los musulmanes, no las reivindicaciones de los colectivos de inmigrantes», señaló Prado, quien subrayó, además, que los imanes no son necesariamente los mejores interlocutores. «No tienen más formación, mejor conocimiento de las normativas ni más representatividad por el hecho de ser imanes», explicó.
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