100.000 euros de multa si no rotulas en catalán

El nuevo Código de Consumo de Cataluña ha entrado en vigor este lunes. La norma autonómica establece multas de hasta 100.000 euros para los comerciantes que no utilice el catalán en sus comunicaciones -orales o escritas- con los clientes. Las grandes empresas tienen, a partir de hoy, seis meses para adaptarse al nuevo reglamento; las pymes tendrán un año.

La Ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña, con el único apoyo de los grupos que forman parte del Gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV-EUiA- pues CiU se abstuvo y PP y Ciudadanos votaron en contra, el pasado 30 de junio, y fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el pasado 23 de julio. Las multas lingüísticas, según consta en la Ley, pueden llegar al millón de euros para los casos reincidentes.

Pero, además, uno de los aspectos que ha pasado más desapercibido es el artículo 311.5 de la nueva norma. Este punto establece que ‘las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante las organizaciones que las representen, con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras. [...] El medio principal de cooperación es la denuncia’. Por lo tanto, el Código de Consumo alienta, regula y permite la delación lingüística.

Otra de las novedades de la norma autonómica es que los teléfonos de atención de incidencias y reclamaciones, desde este lunes, han de ser gratuitos para los clientes, y las empresas de servicios considerados básicos no podrán interrumpir el suministro contratado, ni incluir a los ciudadanos en listas de impagados, pese a que los clientes no paguen un recibo que haya sido reclamado. Sí se podrá cortar e incluir en listas a los clientes que tengan dos recibos o más sin pagar.

Tanto PP como Ciudadanos, que votaron en contra de esta ley, han criticado que el Gobierno de Montilla no haya ajustado a legalidad una norma que, después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía, queda probablemente fuera de la legalidad vigente al establecer multas por utilizar una de las lenguas cooficiales de Cataluña y única oficial en toda España, como es el español.

Alicia Sánchez-Camacho, senadora y presidenta del PP de Cataluña, ha asegurado en rueda de prensa que los populares están contemplando “todas” las medidas legales para que se modifique el redactado de la norma de manera que no se multe a los comerciantes por usar el español. No ha descartado, incluso, acudir al TC.

Por su parte, Albert Rivera, diputado autonómico y presidente de Ciudadanos, ha anunciado que remitirá al Defensor del Pueblo un texto instando a esta institución que recurra el Código de Consumo ante el TC -en la línea de lo anunciado también por el diputado autonómico José Domingo el pasado jueves- por considerarlo inconstitucional y crear “una situación jurídica y políticamente inaceptable”.

Rivera ha recordado que “en el ámbito privado la Generalidad no puede sancionar, no puede sancionar a las pymes o a los autónomos por hacer uso [de una] de las dos lenguas oficiales en Cataluña, cómo son el catalán y el castellano” y ha criticado al Gobierno tripartito de estar obsesionado en “sancionar” y “prohibir”.

La sentencia del TC sobre el Estatuto establece, en el fundamento jurídico 22, que no hay ningún deber jurídico derivado de la aplicación del artículo 34 del Estatuto de Autonomía que establezca la obligación a utilizar una u otra lengua cooficial en Cataluña en una relación privada entre empresas y empleados con sus clientes.

El Alto Tribunal ha dejado claro que esta obligación a utilizar una u otra lengua, en función del cliente -el ciudadano-, solo es aplicable a las empresas públicas por lo que el autonómico Código de Consumo, que obliga a utilizar el catalán, bajo sanciones de 100.000 euros, con toda seguridad, no cabe en la Constitución. El Consejo de Garantías Estatutarias, de ámbito autonómico, avaló la norma en un dictamen consultivo con anterioridad a la sentencia del TC.

Los musulmanes proponen crear una asamblea islámica para defender sus derechos ante el Govern

La Junta Islámica Catalana, impulsada por catalanes conversos a la religión musulmana, ha propuesto la creación de una Asamblea Islámica que aúne a todas las federaciones existentes para defender los derechos de esta confesión ante la Generalitat y las administraciones locales. En declaraciones a Ep, el presidente de la Junta Islámica Catalana, Abdennur Prado, explicó que hay una «crisis evidente de representatividad» de los musulmanes y una «necesidad imperiosa de contar con un interlocutor fuerte» para combatir el incumplimiento de sus derechos religiosos por parte de las diferentes administraciones.

Prado lamentó las dificultades de los musulmanes para ser enterrados según su rito en cementerios municipales; recibir alimentos certificados «halal» en centros públicos como colegios y hospitales, y recibir clases de religión islámica en escuelas públicas y concertadas.

Otro caballo de batalla es el establecimiento de oratorios en Cataluña, que «ha acogido 35 de los 50 movimientos anti mezquitas del Estado en la última década». A su juicio, la proliferación de federaciones y la precariedad organizativa de los musulmanes está vinculada a las dificultades sociales del colectivo –de integración y laborales–, a su heterogeneidad y a la falta de formación de muchos de sus líderes. «El objetivo es defender los derechos religiosos de los musulmanes, no las reivindicaciones de los colectivos de inmigrantes», señaló Prado, quien subrayó, además, que los imanes no son necesariamente los mejores interlocutores. «No tienen más formación, mejor conocimiento de las normativas ni más representatividad por el hecho de ser imanes», explicó.

De cuatro provincias a siete veguerías: ¿por qué el PSC está tan interesado?

Infokrisis.- Después de la manifestación de las 1.250.000 personas, redimensionado por virtud de la fotografía aérea y de la informática a 65.000, la andadura del tripartito se niega a concluir y en una nueva vuelta de tuerca, tras la ley del cine en catalán (que sume a los exhibidores en el desánimo más absoluto y da que pensar sobre el futuro del cine en Catalunya), tras el debate sobre las corridas de toros (con los correbous de tanta tradición en Catalunya como las corridas), tras conocer que la Caixa de Catalunya es una de las instituciones más infectadas por el virus de la insolvencia, cuando ya nos aproximábamos al verano para poder descansar de tanto desatino, ahora, precisamente ahora, como coronación de un annus horribilis, el tripartito no encuentra mejor actividad que aprobar otra imaginativa ley que divide Catalunya en 7 “veguerías catalanas” liquidando las 4 “provincias españolas”… Y van…

Con las autonómicas como telón de fondo

Las encuestas son claras: el electorado se prepara para propinar a las tres formaciones del tripartito el castigo más duro que haya visto el sistema electoral español tras el desmoronamiento de UCD, justo pago a siete años de tripartito en el que lo más habitual ha sido la parálisis en la gestión del día a día unido a los excesos soberanistas.

El tripartito fue posible gracias a las alucinaciones de Maragall ansioso de presentarse como el más catalanista de los catalanistas y para ello precisaba del concurso de ERC. Pronto, ERC se demostró como un aliado peligroso y estrafalario que aportaba más problemas y cuya única capacidad consistía en exigir la independencia de Catalunya cada dos por tres. Los empresarios catalanes todavía recuerdan aquella memorable conferencia de Carod en el Fomento del Trabajo, sede de la patronal catalana, cuando uno de los presentes le preguntó: “Y después de la independencia ¿qué?”. Carod, puso esa sonrisa síntesis entre cínico, listillo y colgado que le caracteriza y dijo aquello de que “A mí lo que me importa es la independencia”, que equivalía a decir “Dios proveerá” o “Después de la independencia el diluvio”. Esa conferencia tenía lugar cuando el cava catalán se resentía por una espontánea campaña de boicot que hizo caer en picado sus ventas en España y lanzó como superventas del 2005 al cava Torre Oria de factura valenciana…

El tripartito fue bendecido por Zapatero cuando aún era “líder de la oposición”, el cual una vez convertido en presidente de gobierno se apresuró a decir que por su parte no quedaría y que cualquier cosa que aprobara el parlamento catalán, él lo refrendaría… sin contar con el Tribunal Constitucional ni con que los cerebros pensantes del tripartito apenas podían iluminar otra cosa que una chapuza con ambiciones.

Luego vino el conflicto en cadena: la ruptura de las fuerzas que apoyaban el nuevo estatuto de Catalunya, la defección de ERC, el apoyo de ZP a CiU, la puñalada trapera que propinó ZP a Artur Más y que iba después de la que propinó a ERC, la caída de Maragall, sin que ni uno solo de sus pares lo lamentara (¿cómo diablos se le ocurrió al PSC colocar como presidente a un tipo que ya no estaba en condiciones ni de dirigir una colla sardanística o una banda de grallers?), el malhadado referéndum sobre el Estatut que demostró lo que algunos habíamos dicho desde 2004, a saber, que no existía demanda social para modificar el Estatut, ni mucho menos para convertirlo en una constitución de bolsillo, la entronización de Montilla, los silencios de Montilla, la parálisis de gobierno de Montilla, el convencimiento de que Montilla servía quizás como concejal de urbanismo de un pueblo con terrenos a recalificar, pero no tenía talla intelectual, liderazgo, ideas, ni capacidad para dirigir una comunidad autónoma en plena crisis económica, la sentencia del constitucional y la manifestación del 1.250.000 que resultaron no ser más que 65.000 en el mejor de los casos y 62.500 en el peor. Y al día siguiente, España –para acabar de arreglarlo- ganó el Mundial de Fútbol. Si Montilla hubiera comprado una vaca, de seguro que se le habrían secado las ubres.

Ahora se acercan unas nuevas elecciones autonómicas y la clase política catalana que, al igual que la española, vive en una permanente campaña electoral, las afrontará en una situación de desprestigio absoluto arriesgándose a que el nuevo gobierno presidido sin duda por CiU pierda toda legitimidad ante el aluvión de abstenciones que se prevé rondará al 50% del electorado.

CiU llega a esas elecciones con el “Som una nació, nosaltres decidim” con el que espera ocultar sus vergüenzas que no son pocas: a fin de cuentas ha resultado que Félix Millet, atrincherado desde el Palau de la Música, era el que recaudaba el rackett del 3% sobre los contratos de obra pública y los repartía en lo que ha dejado de ser ya el “Caso Palau” para convertirse en el caso de “financiación ilícita de CiU” (que no es el primero en estallar, pero sí el de mayor calado). Sin olvidar que, antes o después, el brazo derecho de Pujol, Maciá Alavedra, y su brazo izquierdo, Lluis Prenafeta, se sentarán ante el banquillo en lo que será de hecho un juicio al ventennio pujolista que hizo de Catalunya la autonomía más corrupta de todo el Estado. CiU ganará las elecciones con el “Som una nació, nosaltres decidim”, pero nunca jamás volverá a estar “libre de toda sospecha” y nunca será nada más que una cueva de corruptos que utilizan la emotividad patriótica catalanista para hacerse perdonar sus corruptelas. El abogado Jhonson ya dijo aquello de que “el patriotismo es el último refugio de los bribones”, frase que a CiU le cuadra como un preservativo minúsculo a un pene amorcillado.

La duda hoy consiste, no en saber quién ganará las elecciones (CiU), ni siquiera por cuánto ganará (poco importa: o gana por mayoría absoluta o sacará votos de cualquier pequeño grupo, el PP sin duda). No, el gran enigma sobre las elecciones catalanas es lo que va a quedar del PSC tras la consulta de noviembre. Las previsiones de la debacle oscilan entre lo dramático y el holocausto electoral puro y simple. Será un anticipo de lo que puede ocurrir con el zapaterismo. A decir verdad, hoy el PSC se parece más que nunca al PSOE: en efecto, ambos partidos están unidos en su orfandad, ni uno ni otro tiene reemplazos para sus líderes en estado de descomposición y como formaciones políticas están ante el abismo. Nadie puede asegurar quién sustituirá a Montilla o a Zapatero cuando las urnas sellen su estado de KO técnico, ni nadie puede decir con seguridad qué quedará de ambos partidos tras las próximas elecciones autonómicas y generales.

Lo mismo cabe decir de ERC. Parece probable que entre defecciones, disidencias, hartazgos y crisis, ERC pierda algo más de un tercio de los votos. Demasiado para un partido tan pequeño que, desde hace 30 años obtiene unos resultados en forma de dientes de sierra: en esta ocasión tocan resultados a la baja. Y pasarán décadas antes que cualquier partido ose formar una nueva coalición con los independentistas que, siendo la formación más minúscula de la política catalana (ICV ya casi ni es una opción política, sino un racimo inconsistente y vacío que no cuenta), es también la más molesta, dogmática, obsesiva e “impérita”.

El tripartito está amortizado para toda la eternidad. La única coalición a la que alguien –socialistas, por supuesto- otorga algún viso de verosimilitud es la “sociovergencia” (PSC+CiU) que Artur Mas intentará evitar por todos los medios y que solamente sería viable con una diferencia entre ambos partidos inferior al 5%.

ERC: ahora o nunca

Las fuerzas del tripartito son conscientes de que el tiempo se les acaba. No les queda por permanecer en el machito más que tres meses (agosto, septiembre, octubre), todo lo que no hagan en ese tiempo, ya no lo podrán hacer nunca más. En particular, ERC ve horrorizada como el Estatut ha sido cercenado por el Constitucional sin haber logrado movilizar a más personas de las que al día siguiente en Montjuich vitorearon a la selección española de fútbol (Saura, por cierto, ordenó cargar con saña a sus Mossos d’Esquadra contra los hinchas de la selección, demostrando su “capacidad” para ostentar el cargo de Conseller de Interior).

De ahí que ERC en estos meses previos a las autonómicas fuerce los ritmos y cargue las agendas con nuevas leyes pro-independentistas y que operen su ansiado “decoupling” con el Estado Español: no lo hace tanto por conveniencias electorales, como por ciego (y estúpido) fanatismo en la viabilidad de la independencia de Catalunya que Carod y ERC fían para el 2014.

El debate sobre las corridas de toros es un falso debate: ERC lo ha planteado como una iniciativa “humanitaria” para salvar al toro de las “torturas” a las que se ve sometido en el curso de la lidia, pero ¿qué hacemos con los correbous? En realidad, lo que ERC intenta es eliminar una fiesta que está demasiado ligada a “lo español” (aunque en todo el Mediodía francés también hay ferias taurinas y hace tres mil de años era un arte sagrado que se practicaba en toda Europa con uros)… bien, pero ¿y los correbous? Porque, a todo esto, en Catalunya siempre ha existido afición al toreo, existieron y existen matadores catalanes que hablan y se expresan en catalán, siempre han existido plazas de toros en Barcelona y parte de la historia catalana discurre entre un coso y otro. Los toros se relacionan con “España”, pero pertenecen también a Catalunya en tanto que Catalunya es una parte de España. En cambio, los correbous no se relacionan más que con Catalunya y en esas fiestas se someten a los toros (más bien a las vaquillas) a malos tratos que nada tienen que envidiar al toreo, o quizás sí: lo que en los toros es arte, en los correbous no deja de ser expresión de los excesos en las fiestas populares.

La sentencia del constitucional ha amputado al Estatuto de buena parte de sus contenidos. Zapatero, por supuesto, ha declarado que se las ingeniará para que todo siga como hasta ahora, pero la sentencia del constitucional da poco pie a las consabidas virguerías zapaterianas. Por lo demás, si a Montilla el tiempo se le acaba y él mismo es un cadáver político, a ZP le quedan apenas veinte meses en la Moncloa, acabados los cuales que lo aguante Sónsoles y las freakys de sus hijas.

Cuando Montilla y el PSC hayan desaparecido de Catalunya en noviembre, a ZP le va a ser muy difícil encontrar aliados allí. El nuevo presidente de la Generalitat será aquel tipo al que traicionó en 2006 cuando cambalacheó su apoyo al Estatut garantizándole que él, Artur Mas, sería el siguiente presidente de la Generalitat… y ZP no hizo nada cuando Montilla prefirió pactar una nueva reedición del tripartito y apartar otros cuatro años a Mas que por segunda vez había obtenido más votos que el PSC.

A partir de noviembre, Zapatero se las verá en el Palau de la Generalitat con alguien que le ha jurado odio eterno. Por otra parte, en 2012 la situación económica, las tasas de paro y la crisis generalizada, todavía no habrán remitido (¿remitirá alguna vez la crisis habida cuenta de que en los últimos 10 años España ha perdido el 40% de su capacidad industrial y cuando ni PP ni PSOE parecen capaces de establecer un nuevo modelo económico que sustituya al macarrónico binomio ladrillo-turismo?). En esas circunstancias, acercarse a ZP será peligroso y quien lo haga se arriesgará a ser penalizado por el electorado apenas unos meses después. Lo difícil para ZP va a ser sacar la ley de presupuestos de 2011, habrá que ver quién tiene el valor de pastelear con él a medio año de las elecciones generales.

No es raro que ERC que siente como el poder se le escapa de las manos esté intentando dar golpes de tuerca y acelerar la aprobación de un arsenal legislativo que, aunque imposible de llevar a la práctica, refuerce la convicción de que “Som una nació, nosaltres decidim”.

Y es así como hoy, 27 de julio de 2010, feliz, el Parlament de Catalunya ha aprobado la ley más cara y preciada por ERC después del Estatut: aquella en la que se define a Catalunya como suma de siete “veguerías” y no de cuatro “provincias”.

¿Dónde queda el seny catalán? A tomar po’l saco, oiga

No lo he podido evitar, al conocer la nueva ley aprobada en el parlament de Catalunya, he prorrumpido en una carcajada que ha durado rato. Sí, reconozco que he llorado de risa. Acto seguido me he planteado una cuestión ¿Qué queda del seny catalán? Nada, absolutamente nada después de las maragalladas, tras la ristra de escándalos de corrupción y después de siete años de limbo soberanista mientras Catalunya se caía a pedazos con una natalidad hundida (especialmente entre catalanes de soca i arrel), con 1.250.000 inmigrantes, 2/3 islámicos, con una tasa de paro del 20% y del 35% entre jóvenes, con una desertización industrial creciente y con una brecha insuperable abierta entre la clase política y la población… Unamuno dijo en su época refiriéndose al diario “El Pensamiento Navarro” que se trataba de un oximorón en sí mismo: “pensamiento” y “navarro” nada tenían que ver al decir de Unamuno, eran flagrante contradicción. Otro tanto podría decirse hoy de “seny” y “Catalunya”.

Ni siquiera la “rauxa” es lo que prolifera hoy en Catalunya. A nivel de población lo que empieza a percibirse es divorcio de la clase política y bochorno demasiado evidentes como para negarlo. La enésima negación del “seny” no es una muestra de “rauxa”, sino una payasada pura y simple.

Gobernar quiere decir solucionar problemas, no añadir otros a los ya existentes. Gobernar en Catalunya hoy sería atajar la islamización de la sociedad catalana (mucho más que manifestarse contra el burka), gobernar sería crear un modelo económico catalán capaz de absorber el paro en la región, gobernar sería incentivar a la industria y a la agricultura catalana en lugar de seguir permitiendo que deslocalizaran las industrias a China, gobernar sería gestionar los recursos en lugar de apostar qué consellería los invertirá peor. Gobernar es, en definitiva, hacer algo por la población que te ha situado en el poder mal que bien. Y lo que está haciendo el tripartito en sus últimos coletazos son reediciones de lo que ya ha hecho antes: meras payasadas que desdicen la seriedad de Catalunya y que, desde luego, suponen la negación y una bofetada a la primera aspiración que tuvo el catalanismo político en la frontera entre el siglo XIX y el XX: llevar las riendas de España y llevar la laboriosidad y la eficacia en la gestión a todo el Estado. Así al menos lo dijeron Cambó, Güell o Prat de la Riba en un tiempo en el que Catalunya aspiraba a ser la parte “seria” del Estado y, por tanto, a quien le correspondía su dirección.

Hoy, todo esto queda tan lejos que apenas supone un recuerdo histórico casi increíble para quien ha conocido y seguido en los últimos siete años la trayectoria de los Maragall, de los Montilla, de los Carod, de los Saura y demás patulea de inútiles y esperpénticos alucinados. Entre ellos y entre la banda del Caco Bonifacio que siempre rodeó a CiU, del seny catalán no queda ni el forro.

Hacía falta esta ley de veguerías para que el enjuague alcanzara su máxima expresión. Resulta difícil pensar que con la crisis que está sacudiendo Catalunya (y que hace inviable que esta autonomía siga así durante más de 20 años. Ya lo hemos dicho: hoy algunos pueden aspirar a que “som una nació”, pero de lo que no cabe duda es de que, a la vista de la diferencial demográfica, dentro de 20 años, podrá decirse con propiedad “somos un emirato”) algún alucinado sitúe el bochinche de sus prioridades en convertir las cuatro provincias en siete veguerías de la “señorita Pepis”… además, sin antes consultar a los interesados.

Además, la aplicación de la ley no será inmediata, la sentencia del constitucional impide esas muestras de ingeniería nacionalista y, para colmo, la aprobación de una ley de este tipo que implica modificar varias leyes orgánicas, debe ser aprobado por las Cortes españolas. El “legislador catalán” incluso ha establecido los plazos: en un primer momento, las provincias ya no se llamarán provincias sino “veguerías” y serán cuatro con los mismos nombres que tienen ahora (para ese viaje no hacían falta alforjas). Luego por una “gemación” casi celular, las cuatro se convertirán en siete: Catalunya Central, Terrés de l’Ebre y Alto Pirineu-Arán… Y a esta idea tan peregrina que llega en el peor momento para Catalunya, su impulsor, el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, lo ha calificado de "hito histórico" y un "un acto de soberanía y la confrontación del modelo territorial del catalanismo político con el modelo centralizador de las provincias"… Gilipollez, en román paladino, le cuadraría seguramente mejor.

Será “histórico” y “soberanista”, pero el propio Consejo de Garantías Estatutarias, órgano creado bajo el amparo del Estatuto, dictaminó que la disposición era inconstitucional, y el Tribunal Constitucional interpretó las disposiciones del Estatuto sobre veguerías cuestionando la ley... Por si no había pocos problemas, ahora llega este otro de nuevo cuño que ni siquiera tiene consenso en la sociedad catalana.

Problemas añadidos en lugar de soluciones

Sí, porque, de momento, una ley tan importante solamente ha sido votada por las tres fuerzas que componen el agónico tripartito. Hasta CiU ha votado en contra. Pero esto sería secundario si la sociedad catalana tuviera claro, por ejemplo, cuáles serían las “capitales” de tanta veguería. Y no lo están. Por no estar, ni siquiera está claro el número. Hasta el PP, aplaudido por ERC, ha hablado de crear una “octava veguería”, la del Penedès que incluiría al Alt y al Baix Penedès. En el momento de votar los diputados un grupo de la “Plataforma per una Veguería Propia” que defiende la creación de la octava ha mostrado su disconformidad con el texto colocándose de espaldas al pleno.

Tampoco ha gustado en Lleida que la provincia se divida en tres veguerías… y seguramente será en cuatro porque los vecinos del Valle de Arán (con lengua propia y un perímetro geográfico mejor definido que cualquier otra veguería) no consentirán ir a remolque del Alt Pirineu…

Y luego están los problemas de capitalidad: habrá peleas a navajazos en las nuevas veguerías para ostentar este rango.

Algunos agoreros han recordado que la burocracia de siete u ocho unidades administrativas es siempre superior a la de cuatro y que, en mala hora, viene este proyecto, cuando si hay algo se reprocha al Estado de las Autonomías es haber disparado los costes y los volúmenes de la burocracia.

Finalmente a nadie se le escapa el desequilibrio absoluto que rodea este proyecto: la veguería que incluye al área metropolitana de Barcelona tendrá más población… que las restantes juntas. ¿Cómo no pensar en un desequilibrio entre el “centro” y la “periferia”? Y lo qué es todavía más importante: ¿por qué ahora?

La respuesta final: cambalacheando que es gerundio

Esta última pregunta es la clave y es fácil de entender: el PSC ha hecho un último favor a ERC (por que este despropósito sobre las veguerías es un invento cuya paternidad le cabe solamente a ERC que se presentará ante su electorado como opción “cumplidora”) y ¿qué ha pedido a cambio el PSC: el disponer a su antojo de una zona, convertida en veguería, como el Área Metropolitana de Barcelona, en donde es –al menos hasta ahora- ampliamente mayoritaria y que supone más que todo el resto de Catalunya.
El PSC se despedirá pronto del gobierno de Catalunya pero siempre le quedará el consuelo de controlar la “veguería gigante”. Así de miserable es el cambalache entre ERC y el PSC

Sueños vanos, porque va a resultar difícil que el zapaterismo logre aprobar esta ley en Madrid en la fase que estamos de la legislatura. La “Ley de Veguerías” será un nuevo fuego de paja del independentismo capitaneado por ERC que hoy nadie, absolutamente nadie, en Catalunya se toma en serio.

© Ernest Milà – infoKrisis – infoKrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com

The Economist: “Cataluña, Tierra de prohibición”

El semanario británico The Economist dedica en su próximo número un breve comentario a la situación de Cataluña, a la que se refiere como “Tierra de la prohibición”, y se pregunta “qué será lo próximo” que se ilegalizará, tras el ‘burka’ y las corridas de toros.

“Los catalanes le están cogiendo el gusto a prohibir cualquier cosa que les fastidie”, afirma la publicación, para quien prohibir las corridas en España es “un poco como si un Estado alemán prohibiese las salchichas o una región francesa condenase esas latosas boinas”.

Además, sostiene que, al aprobar la prohibición “a muchos catalanes les preocupa menos el bienestar de los animales que rechazar el toro como un símbolo de España” y que algunos parlamentarios nacionalistas respaldaron la prohibición en “venganza” por el recorte del ‘Estatut’ por parte del TC.

The Economist reconoce que la afición ha caído en Cataluña, pero añade que en el pasado sí fue una parte importante de su cultura, y “muchos catalanes encuentran otras formas de torturar a los toros en sus fiestas locales”.

El semanario liberal plantea además el asunto como un nuevo capítulo de un “gusto por prohibir”. A su juicio, esta “intolerancia” ha sido “incitada por campañas” de cara a las próximas elecciones autonómicas, en las que las encuestas predicen la victoria de CiU.

Para el semanario, un Gobierno de este partido, al que define como “cercano a las empresas” puede ser “bueno para la economía española” en la medida en que implique un “mandato para reclamar más reformas en el nivel nacional”, mientras que “su impacto en Cataluña es más difícil de predecir” porque este partido tendrá entre sus prioridades “reafirmar la identidad catalana y el uso de la lengua catalana”. “Los políticos están preocupados pero al menos los toros pueden dormir más tranquilos”, ironiza.

El comentario sobre Cataluña acompaña a un texto más amplio sobre los “malabarismos” y “equilibrios” que tendrá que hacer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, si quiere acabar la legislatura. Zapatero, dice, ya no necesita ser “un mago político”, sino más bien un “funambulista” sobre el alambre.

“Un solo paso en falso y España se arriesga a caer en un foso de incertidumbre, cuya salida más probable serían unas elecciones anticipadas en primavera”, sostiene el semanario, que recoge los dos peligros inmediatos que tiene en frente Zapatero: la aprobación de los Próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las elecciones catalanas de otoño.

Es ese contexto, concluye que tanto CiU como el PNV intentarán sacar réditos en términos de autogobierno: “Un Gobierno de Zapatero inestable ofrece oportunidades que no daría un PP centrista. Y la inestabilidad política les viene bien a los catalanes”, argumenta.

En el caso del PNV, el semanario recalca que, “consciente de su poder” para aprobar las cuentas públicas para 2011, “está jugando duro” y reclama más autogobierno.

Y en el caso de CiU, apuesta por que una vez que pasen las elecciones reclamará al Gobierno “más reformas en las pensiones, en el mercado laboral y en el sistema financiero”. Y, como el líder del PP, Mariano Rajoy, necesita a CiU para forzar elecciones anticipadas, cree que “si Zapatero no va suficientemente lejos” en sus rebajas, CiU tiene un arma porque “sabe que Rajoy sí lo hará”.

En opinión del ‘Economist’, aunque Zapatero está dispuesto a adoptar más reformas, no lo hará hasta después de la huelga general. No obstante, reconoce que a CiU puede “tentarla” no sólo con las reformas, sino también “con una mayor ración de autogobierno”, igual que al PNV.

Fuente: MinutoDigital.com

Cataluña prohíbe las corridas de toros

El Parlamento de Cataluña ha decidido prohibir la celebración de corridas de toros en este territorio a partir de 2012, en una ajustada votación en la que los diputados de CiU y PSC han decantado la balanza a favor de las tesis animalistas, respaldadas por ERC e ICV y rechazadas por PP y C's. Han votado a favor de la prohibición 68 diputados, 55 en contra y 9 abstenciones.

Tras meses de polémicas entre detractores y aficionados a la fiesta, el Parlament se ha pronunciado este miércoles sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 180.000 ciudadanos. Se trata de la segunda autonomía --después de Canarias-- que acuerda la prohibición de los toros en su territorio, alegando motivos de defensa de los animales y haciendo uso de sus competencias en materia de festejos.

En la práctica, la decisión política comportará la desaparición en un año y medio del único coso de la comunidad: La Monumental de Barcelona, por donde han desfilado últimamente figuras como José Tomás. No obstante, se mantienen los 'correbous' y 'correllaç', la suelta de toros y vaquillas en fiestas de poblaciones del sur de Tarragona, que no implican la muerte del animal.

No es una cuestión sobre el sufrimiento animal o simplemente económica, la prohibición de las corridas en Cataluña es un atentado contra la identidad española y catalana, es un nuevo intento por alejar a Cataluña de España ejercido con la complicidad de toda la clase política catalana. Que se prohiban las corridas, y no los festejos taurinos que se celebran en multitud de localidades catalanas, es una demostración de lo que se esconde realmente tras esta prohibición: una nueva maniobra separatista. Ha sido una ajustada votación en la que los diputados de CiU y PSC han decantado la balanza a favor de las tesis separatistas, respaldadas por ERC e ICV y rechazadas por PP y C’s. Han votado a favor de la prohibición 68 diputados, 55 en contra y 9 abstenciones

Se trata de la segunda autonomía –después de Canarias– que acuerda la prohibición de los toros en su territorio, alegando motivos de defensa de los animales y haciendo uso de sus competencias en materia de festejos.

En la práctica, la decisión política comportará la desaparición en un año y medio del único coso de la comunidad: La Monumental de Barcelona, por donde han desfilado últimamente figuras como José Tomás. No obstante, se mantienen los ‘correbous’ y ‘correllaç’.

Fuente: La Gaceta y MinutoDigital

Anglada en A Fondo: "España es la única nación"

El presidente de Plataforma per Catalunya y candidato a la presidencia de la Generalitat, Josep Anglada, entrevistado en el programa A Fondo de Radio Intereconomía, declara que :
“La gente está harta de la casta podrida que tenemos en Cataluña. En ciudades que son controladas por socialistas, y hablando con los ciudadanos, en la calle en Hospitalet, por ejemplo, cuentan que nadie, ni socialistas, ni PP se preocupan por sus problemas, ni les preguntan, ni se les ve por la calle; asi que el trasvase de votos hacia nuestra formación lo podemos dar por hecho.

Es incomprensible que Montilla esté al lado de los independentistas catalanes.
Cataluña no es una nación, es una región de España. Lo que la gente quiere es que Cataluña vaya bien, haya trabajo, crecimiento económico y que no haya una inmigración incontrolada.
La mayoría no se siente independista, sino catalán y español. La manifestación estaba muy manipulada.
España es la única nación. Mi discurso si tiene recorrido en el resto de España. Me llegan noticias de toda España. He presentado mi libro “Sin mordaza y sin velos” en Castellón, y había gran expectativa. Y me he comprometido a estar al servicio de España si necesitan de nuestro movimiento.

No solo tenemos un discurso contra inmigración, también nos preocupa la corrupción , la educación, la buen marcha de la economía. "

Fuente: Programa a fondo